Un año de límite de precios al alquiler en Cataluña: ¿qué ha ocurrido con el mercado?

Recientemente se ha cumplido un año desde que Cataluña decidió aplicar el índice de precios de alquiler, por el que se fija un precio mínimo y máximo en función de ciertas características de la vivienda.

De hecho, Cataluña fue la primera comunidad autónoma en recurrir a esta medida, con la que pretendía acabar con la tendencia al alza de los precios en las zonas tensionadas y animar a los propietarios a alquilar sus viviendas vacías.

Después de los argumentos a favor y en contra de esta medida, la pregunta ahora es: ¿qué impacto real ha tenido el índice de precios en el mercado del alquiler en este último año? Desde Wolo, le damos respuesta.

Así se aplicó el nuevo índice de precios

El 16 de marzo de 2024, la Generalitat declaró zonas tensionadas de alquiler hasta en 140 municipios de su territorio, esto es, zonas donde era necesario destinar el 30% o más de los ingresos a pagar el alquiler. Poco después, el número de zonas tensionadas abarcaba 271 municipios, lo que incluía a más de 7 millones de personas (Ver la lista de municipios tensionados en Cataluña).

A partir de esta “declaración”, el Gobierno catalán podía establecer el límite de precios, habilitado tras la aprobación de la última ley de vivienda en mayo de 2023. Sin embargo, la medida solo podía aplicarse a los contratos firmados con grandes propietarios y a los nuevos contratos si la vivienda no se había alquilado en los últimos 5 años.

Esto dejaba fuera, por tanto, a los pequeños propietarios que habían tenido alquiladas sus viviendas, quienes sí podían renovar el contrato y mantener el precio por encima del máximo fijado por el índice.

Bajada de precios, según la Generalitat

Según los datos de la Generalitat, la medida hizo que los alquileres bajaran un 3,7% entre el primer y el último trimestre de 2024, un porcentaje que en Barcelona, principal zona tensionada de Cataluña, fue del 6,4%.

Ante estas cifras, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto con su homóloga catalana, Sílvia Paneque, celebró el resultado de la medida en una rueda de prensa en la ciudad condal, mientras instaba al resto de presidentes autonómicos a aplicarla cuando el esfuerzo del alquiler suponga entre el 30% y el 50% de los ingresos familiares.

Pero también una bajada de la oferta

La ligera bajada de precios, no obstante, se ha visto empañada, ya que la medida ha reducido la oferta de viviendas en alquiler. Esto se desprende de los datos de Incasol, el organismo donde se depositan las fianzas en Cataluña, que ha visto cómo el número de contratos firmados cayó en todo el territorio autonómico.

Concretamente, entre enero y marzo de 2024 se firmaron 34.503 contratos de alquiler, número que descendió hasta los 29.313 entre abril y junio, y hasta los 27.098 entre julio y septiembre.

Al mismo tiempo, se ha visto cierta “fuga” desde Barcelona, donde más demanda existe, hacia municipios de otras provincias, donde el número de contratos registrados también ha bajado considerablemente.

Entre las posibles explicaciones, propietarios que decidieron vender o mantener vacías sus viviendas al no poder alquilarlas al precio que considerasen oportuno, y ello a pesar de ciertos incentivos fiscales recogidos en la última ley.

Críticas desde la oposición

La medida, impulsada por la coalición PSOE-Sumar, ha recibido críticas de la oposición incluso desde antes de su aprobación. Así, Núñez Feijóo, junto con otros presidentes autonómicos, afirma que la intervención en los precios tendrá por efecto la reducción de la oferta, algo que, un año después, parece haber sido el caso en Cataluña.

En la postura opuesta, es decir, la de Feijóo, la solución al problema pasa únicamente por la inversión, privada y/o pública, en vivienda destinada al alquiler. De esta forma, al aumentar la oferta, los precios se regularían solos, al contar los inquilinos con más opciones que harían a los propietarios revisar sus precios a la baja si quieren seguir siendo “elegibles” en un mercado menos saturado.

La última palabra, en las comunidades autónomas

El acceso a la vivienda en régimen de alquiler ya se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Sin embargo, la vivienda es incumbencia del Gobierno central, pero no su competencia, que recae en los presidentes autonómicos.

Esto quiere decir que el Ministerio proporciona las herramientas legales que necesitan las comunidades para declarar zonas tensionadas y aplicar el índice de alquiler, pero son las autonomías las que tienen competencia en materia de vivienda.

Así, comunidades autónomas gobernadas por el PP se han opuesto a la medida, e incluso algunas gobernadas por el PSOE siguen sin aplicarla.

Hasta la fecha, fuera de Cataluña, solo País Vasco y Navarra ya han iniciado los trámites para declarar zonas tensionadas en sus territorios.

¿Eres propietario y quieres saber cómo funciona un alquiler en zonas tensionadas? Te lo explicamos en este otro artículo.

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